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EL IMPERDIBLE

La sombra de la coima sobre Comodoro Py

Por Julio Banck para Clarín

Domingo 25 de Marzo de 2018

 Artículo extraído del diario Clarín – Por Julio Banck

La Corte y los jueces quieren que los camaristas que liberaron a Cristóbal López queden solos bajo la luz del escándalo.

El dato circula por los despachos importantes de los tribunales de Comodoro Py con la fuerza de una certeza, aunque nadie muestre pruebas contundentes. Parecen alcanzar las sospechas, el repaso de antecedentes de los personajes involucrados. Camaristas, jueces y fiscales, las tres instancias consultadas por Clarín, coinciden en sostener como si fuera un hecho comprobado –que aún no lo es- que se pagaron coimas, quizás dos veces millonarias en dólares, para producir el fallo escandaloso que liberó al empresario Cristóbal López. A la vez se le bajó el grado de acusación: de fraude al Estado por haberse quedado con 15.000 millones de pesos del impuesto al combustible, a evasión fiscal. Para el fiscal de Cámara Germán Moldes eso equivale a un sobreseimiento encubierto.

Esa misma convicción sobre la circulación de dinero negro para lograr el fallo tienen las figuras más encumbradas del Gobierno y del frente oficialista Cambiemos.

El fallo fue firmado el viernes 16 por los camaristas federales Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que están en la mira de todos. Cristóbal López fue liberado ese mismo día.

La diputada Elisa Carrió avanzó poniendo nombres. Señaló a Javier Fernández, miembro de la Auditoría General de la Nación en nombre del peronismo. Es un veterano operador judicial que viene del tiempo de Carlos Menem, cuando Rodolfo Barra era ministro de Justicia. Es leyenda en los tribunales que Fernández se ocupaba de recorrer juzgados y cámaras convenciendo a los magistrados –según Carrió con fondos reservados de la SIDE- para hacer lo que el menemismo esperaba.

Desde entonces se le atribuye cercanía con Ballestero, que era juez federal en los '90, y una influencia directa sobre Farah. Todos integraron el dispositivo de control judicial que manejó Jaime Stiuso, espía legendario caído en desgracia con Cristina Kirchner después del pacto con Irán.

La decisión de Ballestero y Farah de hecho alivió además el horizonte judicial del ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, por su tolerancia o complicidad con las maniobras de Cristóbal López. El fiscal Moldes se preguntó por qué Echegaray no está preso.

Carrió además advirtió que el desplazamiento del fiscal Carlos Stornelli de la causa de Río Turbio, decidida por el juez federal Luis Rodríguez, es parte del operativo para liberar a Julio De Vido, preso por el desfalco fabuloso en esa mina de carbón. También el juez Rodríguez es tenido por buen amigo de Javier Fernández.

El Gobierno había reaccionado enseguida después de la liberación de Cristóbal. Salieron el ministro de Justicia Germán Garavano y atrás el presidente Mauricio Macri, quien dijo sentirse "indignado" por la decisión. Y poco después Carrió entró en escena. Cosechó la misma información que circulaba en Comodoro Py y le pidió al Consejo de la Magistratura que investigue "si hubo dinero" detrás del fallo de Farah y Ballestero.

El presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, abrió el juego de inmediato a la Comisión de Acusación del organismo, que encabeza el diputado macrista Pablo Tonelli. Piedecasas entendió que también ellos estaban en la primera línea de fuego, del lado de los responsables de aclarar el escándalo sin demora.

A esa altura Farah ya había recalentado la polémica, cuando en un llamativo reportaje por televisión dijo: "Yo no recibí un solo peso y resolví lo que tenía por resolver. No somos todos lo mismo". Son declaraciones curiosas. ¿El no cobró pero otro sí? ¿A eso alude cuando dice que no son todos lo mismo?

A la Justicia le reacción le costó un tiempo más. En el palacio de Tribunales y en Comodoro Py pasaron del estupor por el fallo a la preocupación mayúscula por haber quedado todos enchastrados, sin mayor margen de diferenciación ante la opinión pública y los círculos de poder.

Cuando salió de ese atontamiento inicial, el Poder Judicial actuó dentro del carril institucional. El objetivo fue despegarse del escándalo pidiendo que los responsables fuesen investigados. Que quedasen sólo Ballestero y Farah bajo la luz del escándalo.

Así, el jueves pasado la Corte Suprema pidió al Consejo de la Magistratura que se investigue de qué forma se completó la conformación de la Sala I de la Cámara, que liberó a Cristóbal.

Como allí había empate entre Ballestero y su colega Leopoldo Bruglia, fue convocado para desempatar un integrante de la Sala II. Entonces apareció Farah, sin que mediara el sorteo habitual en el que también podía intervenir Martín Irurzun, que integra esa misma sala y preside la Cámara Federal.

El titular del Consejo de inmediato pidió información a todos los involucrados. Tan ardiente es la brasa que hoy incinera a la Justicia, que Irurzun y Ballestero contestaron el mismo día jueves.

La respuesta de Irurzun fue escueta. En apenas catorce líneas le dijo a Piedecasas que "respecto de los criterios, mecanismos y medios materiales empleados" para completar la Sala que debía decidir sobre Cristóbal López, le hacía saber que "dado que su integración es resorte de cada uno de los tribunales he cursado su requisitoria a la Sala I de esta Cámara". Es decir a Ballestero, que es quien la preside.

Meticuloso, Irurzun escribió también que "no obra en el libro de registro respectivo (…) que se haya solicitado el sorteo del magistrado" para completar la integración de la dichosa Sala I. Esto significa que Ballestero, en soledad, fue quien decidió que Farah actuase en el caso de Cristóbal López. El periodista Ricardo Roa lo reveló el martes en Clarín, señalando que Farah votó la liberación de Cristóbal apenas 20 horas después de recibir el expediente.

En su escrito de seis carillas, Ballestero recordó que su sala tiene un lugar vacante desde que en noviembre fue destituido Eduardo Freiler, quien no pudo justificar su fabuloso crecimiento patrimonial. Señaló también que en enero, durante la feria judicial, se habían presentado las oportunas apelaciones de Cristóbal López, su socio Fabián de Sousa y Echegaray contra el procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini, con prisión preventiva para los dos primeros. Y que para resolver el desempate con Bruglia convocó a Farah, quien ya había actuado en una causa conexa, designado por el sorteo habitual el 15 de diciembre pasado.

Se trató del levantamiento de la inhibición de bienes a personas que había recibido una falta de mérito para procesarlas o sobreseerlas en la causa. Para reforzar su postura Ballestero dijo estar cumpliendo con el Sistema de Adjudicación de Causas que la misma Cámara Federal validó en 2012.

Este cruce de argumentos es el que debe resolver la Magistratura para determinar si fue legítima la incorporación decisiva de Farah.

El radical Ricardo Gil Lavedra, como abogado de la AFIP, apelará en los próximos días la decisión de Ballestero y Farah. Fuentes judiciales estiman que la Cámara de Casación, que ya había sostenido la calificación del delito de Cristóbal López como fraude al Estado, mantendrá ese criterio y volverá todo atrás. Pero también esto es por ahora una especulación. Mientras tanto, se despliega la intriga política.

Hace diez días el ministro Garavano creyó ver una conspiración peronista en la decisión de la Corte Suprema que obligó a fijar nuevos tribunales orales para los juicios a Cristina Kirchner. Firmaron aquella decisión el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, junto a Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, ambos jueces de reconocido origen peronista. El Gobierno mantiene su sospecha sobre los lazos entre ese sector de la Corte, los jueces y camaristas de Comodoro Py y los senadores que comanda Miguel Pichetto, claves para designar a los jueces.

Ahora es Carrió la que ve una operación peronista detrás de esta maniobra que liberó a Cristóbal López y que, según ella, apunta en última instancia a liberar a De Vido. Aunque habla con respeto político y personal de Miguel Pichetto, Carrió dice que alrededor del jefe del Senado se cobijan los que buscan la restauración de un peronismo "ortodoxo y de derecha". Y aquí está la gracia: en esa lista pone a Javier Fernández, el auditor y operador judicial.

Pichetto defiende su buena relación institucional con la Corte Suprema y reconoce su vieja amistad con Maqueda, con quien se iniciaron juntos en la Cámara de Diputados en 1993. Pero rechaza punto por punto la teoría conspirativa de Carrió. Pone, como contracara, su sostenida postura de contribución a que el Gobierno tuviese las leyes necesarias para llevar adelante su gestión. Y levanta presión cuando menciona cómo Macri a veces retribuye esa actitud responsable. Su enojo más flamante tiene que ver con el anuncio intempestivo del Presidente nominando a Inés Weinberg de Roca para la Procuración General. La señora necesitará el voto de dos tercios de los senadores para ocupar el cargo.

Pero Lilita es intensa. Recuerda que De Vido estableció vínculos fuertes con todo el espectro peronista durante el kirchnerismo. Y que los peronistas que quieren volver desplazando a Cristina, "para juntar a todos necesitan liberar a alguno". Ese alguno sería De Vido.

Demasiadas veces se descalificó a Carrió por denuncias que parecían descabelladas y se terminaron comprobando ciertas. Sería bueno ver, entonces, como sigue esta historia.

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