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Editorial del 30 de noviembre de 2017

No puede haber un funcionario público que desvirtúe conceptualmente el rol del Estado

Por Pablo Rossi.

Jueves 30 de Noviembre de 2017
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 Por Pablo Rossi.

Por innumerables razones y ejemplos, es evidente que uno abre los diarios en Argentina y se encuentra con un problema de los argentinos con la ley.

De las conversaciones recientes, por ejemplo de la vicepresidente de la Nación, de la ministro Patricia Bullrich, del obispo de Bariloche, me da la sensación que el cumplimiento de la ley no es una obligación sino una mera sugerencia elástica.

Roberto Gargarella es un jurista de nota, abogado, sociólogo, ha escrito un artículo formidable.

Hace unos días en el contexto de las declaraciones que se hicieron sobre el desalojo de Villa Mascardi, la muerte de Rafael Nahuel, el caso Maldonado, Gabriela Michetti dijo que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza. De modo similar la ministro Patricia Bullrich dijo no tenemos que probar el accionar de nuestras fuerzas de seguridad. Justamente lo que plantea Gargarella es que es exactamente en contra de lo que dicen estas dos funcionarias.

Es gravemente equivocado. Se trata de que veamos al Estado y sus responsabilidades.

Pagamos los impuestos, por lo tanto el Estado administra nuestros fondos. No es del Estado aunque ya creamos que todo lo que le pagamos a la AFIP dejó de ser nuestro porque recibimos nada a cambio.

Le hemos dado al Estado el control de los recursos coercitivos.

En el caso de lo económico, el control de los recursos económicos existe la figura del enriquecimiento ilícito. La curiosidad de la figura del enriquecimiento ilícito es que se invierte la carga de la prueba.

Un funcionario público acusado de enriquecimiento debe probar que no se enriqueció ilícitamente.

Lo mismo pasa con el control de las fuerzas de seguridad. El poder que se le traspasa al Estado es tan fuerte, los riesgos son tan altos, que se le debe exigir a las instituciones que las responsabilidades del Estado estén demostradas.

Es el Estado el que debe probar que actuó bien.

Por eso rodeamos de organismos de control, por eso exigimos autorizaciones judiciales para hacer un allanamiento.

Por eso a la hora de actuar las fuerzas de seguridad, la presunción nunca señora vicepresidente, usted está equivocada. La presunción es en contra de las fuerzas de seguridad.

La ley debe aplicarse pero profesionalmente. Y filosóficamente la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, las policías provinciales, deben resguardar los métodos y las pruebas para que su accionar sea indubitable.

Después de treinta años no sabemos ni usar las fuerzas de seguridad como corresponde democráticamente resguardando los DDHH pero fundamentalmente resguardando la idea de un estado democrático.

No es lo que aparentemente ha ocurrido en la muerte de Rafael Nahuel.

Hay una ocupación ilegal de un parque nacional en Villa Mascardi. Ahora, cuando el estado debe hacer cumplir la ley debe ser impecable. Y no puede haber un funcionario público que desvirtúe conceptualmente el rol del Estado. Me da la sensación que hay algunos funcionarios, o alguna gente del gobierno, que a esto no lo tiene tan claro. 

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